El próximo 4 de diciembre de 2024 entrará en vigor la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, sobre el Derecho de Defensa, publicada en el BOE el 14 de noviembre
La Ley Orgánica 5/2024, que entra en vigor el 4 de diciembre de 2024, refuerza el derecho constitucional a la defensa, un pilar fundamental del Estado de Derecho, para evitar la indefensión de la ciudadanía. A través de esta normativa, se busca garantizar que todos los ciudadanos conozcan y puedan ejercer su derecho a la defensa con todas las garantías, regulando la asistencia letrada y asegurando el acceso a la tutela judicial efectiva.
La ley establece que la defensa letrada tendrá preferencia sobre la personal, permitiendo esta última sólo en circunstancias excepcionales, como cuando no sea obligatoria la asistencia de un profesional, se renuncie legalmente a ella o exista una habilitación legal expresa. Además, se refuerza el acceso a la asistencia jurídica gratuita, garantizando su disponibilidad para las personas en situación de vulnerabilidad, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las directivas europeas.
Uno de los objetivos fundamentales de la ley es la definición y protección del derecho de defensa, no solo en procedimientos judiciales, sino también en los extrajudiciales, ampliando su aplicación a diversas áreas del derecho. Se reconoce la importancia del asesoramiento legal y la asistencia letrada para defender los intereses legítimos de los ciudadanos y se contempla un proceso ágil, público y con garantías para evitar la indefensión.
La estructura de la Ley Orgánica 5/2024 se organiza en cuatro capítulos que cubren desde la regulación de la defensa de las personas hasta las garantías de la abogacía. Los capítulos abordan aspectos como el derecho de defensa de los ciudadanos, el régimen de garantías y deberes de los abogados, y la protección institucional de los derechos de los clientes y de los profesionales de la abogacía.
La ley también regula la protección del secreto profesional, la independencia de los abogados, la calidad de la asistencia jurídica y las garantías de las instituciones colegiales que supervisan el ejercicio de la abogacía. Además, se establece un sistema de reclamaciones accesible y transparente para resolver quejas de los ciudadanos respecto a la actuación de los abogados.
Entre las modificaciones normativas que introduce la ley, se destacan cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y otras normativas clave relacionadas con el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, reflejando un enfoque integral en la protección del derecho a la defensa en todos los ámbitos del derecho.
En resumen, la Ley Orgánica 5/2024 refuerza las garantías procesales y la protección del derecho a la defensa, asegurando que los ciudadanos cuenten con los medios necesarios para acceder a la justicia y defender sus derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación.
