La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles –sin ningún voto en contra y la abstención de PP y Vox– el dictamen a la Ley del Derecho de Defensa, que pretende ampliar las garantías de ciudadanos y abogados ante los tribunales, como el derecho a un lenguaje claro, y busca extender las causas de fuerza mayor para pedir la suspensión de procedimientos judiciales.
El proyecto de ley, aprobado inicialmente en abril de 2023 bajo la propuesta de la ex ministra de Justicia Pilar Llop y retomado por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero de este año tras las elecciones anticipadas, se presenta como una normativa pionera en Europa. El actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destaca su objetivo de asegurar una Justicia cercana y ágil, proporcionando seguridad tanto a la ciudadanía en su derecho de defensa como a los profesionales de la abogacía en su labor.
La ley garantiza el acceso a la asistencia jurídica gratuita no solo a personas con recursos limitados, sino también a aquellos en situaciones de especial vulnerabilidad reconocidas legalmente. Además, amplía el derecho de defensa a través de medios alternativos como la mediación y el arbitraje, y establece el uso de un lenguaje claro en actos procesales.
En el ámbito procesal, introduce la posibilidad para los abogados de solicitar la suspensión de procedimientos judiciales por razones de fuerza mayor, como el cuidado de menores o enfermedad grave, ajustándose a la ley procesal correspondiente.
Durante el debate parlamentario, el PSOE ha enfatizado su carácter transformador y de ampliación de derechos, aunque se ha buscado un consenso amplio entre los partidos. La normativa ha recibido apoyo de formaciones como Sumar y los socios del Gobierno, aunque algunos grupos como el PP y Vox han expresado reservas sobre su suficiencia y han planteado críticas sobre aspectos como el coste y la carga ideológica percibida.
